Educación pública

La matrícula de los establecimientos educacionales, administrados por los municipios en Chile, baja todos los años. Como un aporte a la próxima ley de educación pública, un panel de expertos entregó recientemente sus propuestas. Dichas propuestas me parecen insuficientes. En primer lugar falta la voz de distintos expertos. Por nombrar algunos: Fernando Atria, abogado; Marco Kremerman, economista; Jesús Redondo, sicólogo educacional; Juan Eduardo García Huidobro, educador, Cristián Belleï, investigador. También falta la voz de dirigentes sociales y políticos. La educación no es sólo asunto de expertos, también la opinión de los ciudadanos es necesaria. El informe del panel señala, de paso en la página 7, que el país no tiene acuerdos sustanciales en educación. Es cierto y me parece indispensable responder la pregunta "¿Qué educación queremos para qué país?" Existen experiencias exitosas de una consulta nacional en Argentina, Uruguay, Francia y otros. Pero una consulta nacional puede tomar tiempo y se requiere un cambio urgente, pero no cualquier cambio. Me parece que el mayor vacío del informe del panel es la ausencia de explicitar lo que entendemos por "educación pública". Al hablar de "educación de gestión pública" y "educación de gestión privada" queda claro que no se entendió lo que es la educación pública. Para ello puede ser útil leer las publicaciones de Fernando Atria y de Juan Eduardo García Huidobro al respecto. El informe da mucha importancia a las deficiencias de gestión en la educación municipal y al tamaño de las escuelas. Poco dice el informe acerca de dos problemas que producen la segmentación de los estudiantes y la creación de ghettos en muchas escuelas municipales: las escuelas particular subvencionadas seleccionan a sus estudiantes (sí, a pesar de la prohibición legal) y cobran financiamiento compartido. Los países con buenos resultados de aprendizaje no seleccionan a sus estudiantes y no cobran financiamiento compartido. El informe propone (página 30) integrar la subvención y el financiamiento compartido (o sea más subvención a las escuelas que no tienen financiamiento compartido). Modestamente propongo: 1) prohibir de verdad que las escuelas seleccionen a sus estudiantes; 2) destinar más recursos a las escuelas en sectores pobres junto con una gestión responsable; 3) prohibir la expansión de la oferta particular subvencionada donde no existe la necesidad.